El Informe “El sector inmobiliario: propuestas para la recuperación” elaborado por el Comité de Edificación Residencial de la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de la CEOE, realiza un análisis exhaustivo del sector inmobiliario en nuestro país tras los años de crisis vividos. El documento identifica los principales problemas a los que se enfrenta el sector, planteando las reformas precisas para impulsar su incipiente recuperación, como motor fundamental de la economía española.
Parte de la premisa inicial de que el ritmo de producción de viviendas en España, y la actividad económica que ésta conlleva, no debe depender de la absorción absoluta del stock de vivienda existente, sino que debe determinarse en función de la necesidad de creación de hogares.
Recuerda que se ha pasado de casi 800.000 viviendas iniciadas en 2007, a los apenas 35.000 visados de obra nueva en 2014 o los 50.000 en 2015 en todo el territorio nacional, lo que ha supuesto la destrucción de alrededor de 1.400.000 empleos.
La demanda de vivienda solvente es muy superior al número de viviendas nuevas al año. Por ello, se debe recuperar el primer acceso a la vivienda, reactivándose la producción de vivienda hasta alcanzar las 150.000 viviendas iniciadas al año, lo que permitiría además equiparar a España a las ratios de la Unión Europea. Esta normalización en la producción de viviendas supondría la creación de 500.000 puestos de trabajo de forma sostenida.
Asimismo, se considera fundamental tener en cuenta que el poder adquisitivo de las familias y su capacidad de endeudamiento ha cambiado. Por ello, todos los agentes intervinientes del sector inmobiliario, y fundamentalmente las Administraciones Públicas, deben tener un objetivo primordial: conseguir una reducción de los costes de producción de la vivienda mejorando los procedimientos administrativos e incorporando la industrialización en el proceso constructivo, para situar en el mercado viviendas con calidad, eficientes energéticamente, pero a precios a los que la demanda pueda acceder.
A estos efectos, se requiere la implementación de una serie de medidas, que el Informe analiza detalladamente en diferentes apartados: (i) Medidas de normativa y legislación urbanística y técnica (a nivel nacional, autonómico y local); (ii) Medidas fiscales (a nivel nacional, autonómico y local); y (iii) Medidas relativas a la financiación, fundamentalmente referidas a la necesidad de contar tanto con financiación bancaria como no bancaria.
Por otro lado, el Informe también señala la necesidad de reactivar la rehabilitación y regeneración urbana, y la conveniencia de desarrollar un trabajo conjunto y continuado entre el ámbito empresarial y la Administración, a fin de desarrollar un sector inmobiliario más competitivo y estable.
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