CEOE propone un Plan de Vivienda que dé salida al stock del sector y fomente al alquiler

CEOE, organización de la que forma parte COEBA, propone un Plan de Vivienda que, entre otros objetivos, dé salida al stock que vive el sector de primera residencia, tanto protegida, como libre. Por ejemplo, flexibilizando, en el primer caso, los requisitos exigibles al demandante y permitiendo que las viviendas libres que se ajusten al precio máximo de venta o renta de la protegida, gocen de los mismos beneficios fiscales que éstas.

Según sostiene la patronal en su informe “Propuestas para una política de vivienda y su articulación con los planes de vivienda”, la política de este ámbito tiene especiales connotaciones, ya que “la vivienda es un derecho constitucional”, así como “responde a una necesidad básica, por lo que los ciudadanos deben poder acceder a ella, ya sea en propiedad o en alquiler”. Partiendo de esta realidad, CEOE propone un Plan de Vivienda, que, con el menor coste público posible (la situación económica actual impide un Plan de Ayudas), diseñe un marco legislativo que facilite la iniciativa privada.

Así, CEOE propone medidas tales como la simplificación burocrática y administrativa; el fomento del alquiler, especialmente necesario para proporcionar vivienda a aquellas personas que no puedan acceder a la vivienda en propiedad (fundamentalmente, jóvenes en su primer acceso); o el fomento de la rehabilitación, con objeto de mantener el patrimonio residencial existente en condiciones adecuadas y por tratarse de una actividad con gran capacidad de generación de empleo.

Según sostiene la patronal, la Administración debe flexibilizar los planes de vivienda. Para ello, propone simplificar las figuras de vivienda protegida permitiendo el paso de una a otra sin necesidad de aprobación administrativa, de forma que la demanda y la oferta se adecúen por si solas. También, sugiere mantener el precio máximo de venta o renta, como única limitación para la oferta, así como permitir la venta de stock de vivienda protegida a personas físicas y jurídicas españolas no residentes en España.

En cuanto a las medidas dirigidas a agilizar las gestiones administrativas, CEOE considera que se debe suprimir el sistema de la lista de demandantes como fórmula para acceder a la vivienda protegida y manteniéndolo tan solo como base de datos que permitan conocer el mercado real potencial en cada zona. Así, debe haber un filtro previo que asegure que el solicitante de vivienda protegida cumple con las condiciones legalmente impuestas y, a partir de ahí, la adjudicación debería ser simplemente un acuerdo directo entre promotor y adjudicatario.

También, y con el fin de dotar de coherencia y coordinación la superposición entre el plan estatal y los planes autonómicos, CEOE propone la firma de “programas-contrato” bilaterales entre el Estado y cada Comunidad Autónoma, en los que para cada autonomía se fijen el número y tipo de actuaciones, precios realistas, medidas contra el fraude, programa de suelo y suelos públicos comprometidos, teniendo en cuenta las singularidades territoriales y la complementariedad entre planes.

Medidas para impulsar a la oferta

El informe también propone algunas políticas para favorecer el sector con el impulso de su oferta, por ejemplo, eliminando las incertidumbres que rodean al coste del suelo, debido a las características de la legislación en materia urbanística de nuestro ordenamiento. En concreto, CEOE propone simplificar y unificar la normativa existente en el actual sistema de transformación del suelo (de rústico en urbano), ya que “la inabordable profusión de legislación y trámites en la materia, hace ingobernable e impredecible dicho proceso”.

La patronal también considera que el coste de ejecución de la vivienda se ha incrementado notablemente desde la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE). En este sentido, propone igualar la normativa técnica para la vivienda libre y la protegida, ya que el CTE obliga ya a usos estándares de calidad absolutamente válidos para ambos tipos. Además, insta a que el CTE derogue toda la normativa técnica de rango inferior, ya que es al gobierno central al que le corresponde legislar en esta materia, de forma que las autonomías y municipios no impongan mayores exigencias.

Del mismo modo, los empresarios también lamentan los costes fiscales, y reclaman bonificar coyunturalmente un porcentaje de las tasas e impuestos que recaen sobre la promoción de viviendas. Además, consideran que se han de revisar y ajustar las tasas administrativas a cuantías acordes al coste real de la prestación del servicio.

Medidas para favorecer la demanda

Por la vía de la demanda, CEOE reclama una serie de medidas de carácter fiscal, como la de permitir el pago diferido del IVA durante la vida del préstamo. CEOE también llama a no considerar primera transmisión a efectos fiscales, la compra de viviendas en sotck provenientes de planes anteriores, por personas físicas o jurídicas que destinen estas viviendas al alquiler. Asimismo, considera que se deben aplicar las bonificaciones ya existentes sobre los aranceles de Notaría y Registro y sobre impuestos y tasas municipales, a toda figura de vivienda protegida.

El documento de la patronal también reclama medidas para el fomento del alquiler. Tal y como sostiene, “en España la oferta de vivienda en alquiler es claramente insuficiente. Con un 17%, está a la cola de Europa, que de media está por encima del 30%”. CEOE propone soluciones tales como permitir la compra de viviendas protegidas para su destino al alquiler a personas físicas, sin que para ello haya que tener en cuenta ninguna limitación de sus ingresos en renta ni del número de viviendas adquiridas con tal destino, otorgándoles las mismas subvenciones que al promotor.

Del mismo modo, CEOE reclama una serie de medidas específicas para la rehabilitación, que en España “se ha limitado tradicionalmente a una actividad residual poco profesionalizada, de dudosa transparencia fiscal”, pero que, en cambio, responde a “necesidades reales de nuestra sociedad y nuestras ciudades”. Así, la patronal considera importante clarificar la normativa urbanística aplicable en caso de regeneración de barrios, disminuyendo las actuales cesiones que hacen inviable en términos económicos este tipo de operaciones