En una primera valoración preliminar de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, basada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, COEBA, en consonancia con los criterios de la CEOE y de CEPYME, de cuyas organizaciones forma parte, comparte el objetivo del Gobierno de la reducción del déficit público, lo que junto a las reformas estructurales, constituyen la línea de política económica adecuada para volver al crecimiento económico, la creación de empleo, y recuperar la confianza.
Las organizaciones empresariales representativas somos conscientes de la magnitud de la reducción del déficit, que es todavía mayor desde el punto de vista estructural, ya que la situación económica en 2012 es de recesión. La cuantía del ajuste es creíble y en línea con los requisitos de nuestros compromisos europeos.
El cuadro macroeconómico sobre el que se basan estos presupuestos es coherente y se sitúa en línea con las previsiones de CEOE y otros analistas nacionales e internacionales. Es preciso señalar que su evolución depende en gran medida de la aportación del sector exterior. Sin embargo, existen determinados riesgos a la baja, fundamentalmente, la lenta resolución de la crisis europea y el alza de los precios del petróleo.
Según los PGE presentados en rueda de prensa, el mayor esfuerzo en la contención del gasto público se concentra en el Estado. Sin embargo, el ajuste se concentra más en la parte de los ingresos que en los gastos, lo que no favorece en el largo plazo la sostenibilidad de las cuentas públicas.
El descenso del gasto no financiero (-6,7%), aunque importante, podría haber tenido mayor alcance, para limitar la subida de la presión fiscal. Por otro lado, recae excesivamente en el gasto en capital, que se reduce en más de un 36%, con una rebaja del 19% en las inversiones reales, y un fuerte retroceso de las transferencias de capital, que se reducen a la mitad.
Dentro del gasto corriente, cabe destacar que los intereses de la deuda suponen casi un tercio del total del gasto y esta partida aumenta un 5,3%. Si a eso le añadimos que el coste de personal crece moderadamente (debido al aumento del gasto de las clases pasivas del Estado), el mayor recorte viene por transferencias corrientes y, en menor medida, por el gasto en bienes y servicios. Respecto al gasto en personal, no se puede pasar por alto la práctica congelación de la oferta pública de empleo, la prohibición de contratación de las empresas públicas, la ampliación de la jornada semanal y la limitación de los días de libre disposición.
Los recursos destinados a los Ministerios sufren un recorte del 16,9%, siendo especialmente preocupante para COEBA la pérdida de fondos en aquellos más ligados al impulso de la actividad económica. Aunque todavía no se conocen los detalles del PGE-2012, todo apunta a un descenso en aquellas partidas destinadas a la mejora de la competitividad de la economía española. Estas partidas, que vienen reduciéndose de manera notable en los últimos años, son necesarias para incrementar la productividad y la persistencia de esta reducción compromete el crecimiento a medio plazo.
Respecto a los ingresos, con las medidas del pasado 30 de diciembre se inició el ajuste presupuestario a través del incremento de la imposición directa sobre las rentas y el ahorro. De nuevo, en los PGE-2012 se concentra el incremento de la recaudación en la imposición directa, en esta ocasión, en el Impuesto sobre Sociedades, mediante la eliminación de un conjunto de incentivos y el aumento de los pagos fraccionados. Las reformas aprobadas afectan a todas las empresas. Hubiera sido preferible un esfuerzo adicional por la vía del gasto no productivo por los efectos que este tipo de medidas pueden tener sobre las empresas y su liquidez.
Es necesario que el marco fiscal sea estable y previsible, de modo que garantice la necesaria seguridad jurídica de las actividades empresariales y no se vea sometido a frecuentes cambios. De otro modo, se podría poner en peligro la inversión nacional y la atracción de la inversión empresarial extranjera.
En definitiva, se trata de un presupuesto austero y creíble para cumplir nuestros compromisos con la UE, imprescindible para recuperar la credibilidad de los mercados internacionales y restaurar el crédito a las empresas. No obstante, el ajuste se basa excesivamente en la elevación de la presión fiscal, especialmente la que recae en las empresas. Por lo que respecta al gasto, las partidas que inciden sobre el crecimiento y la productividad se ven especialmente comprometidas. Estas líneas de actuación deben entenderse exclusivamente en el contexto extraordinario de la economía española, pero deben tener un carácter temporal, para volver lo antes posible a una política presupuestaria más favorable para el crecimiento de la productividad.