Ayudas económicas directas y suspensión de tributos y cotizaciones al menos hasta el 31 de octubre, son las principales demandas de las empresas extremeñas al Gobierno de España, según un estudio elaborado por CEPYME con la colaboración de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX).
Dos de cada tres empresas se pronuncian a favor de la citada medida, mientras que el 32% pide que el requisito de mantener el empleo por los ERTE se amplíe a 12 meses y más del 40% exige que las administraciones paguen con urgencia las facturas pendientes.
En otro orden de cosas, nueve de cada diez empresarios extremeños asegura que la crisis ha afectado negativamente a su negocio, con caídas de ingresos superiores al 75% para más de la mitad de las empresas, mientras otro 25% ha sufrido caídas de entre el 50% y el 75%. Los cierres obligados, la imposibilidad de trabajar o la escasez de la demanda están tras este descenso.
En cuanto a medidas para hacer frente a la crisis (multirrespuesta) un tercio ha optado por el ERTE por fuerza mayor, el 47% por el teletrabajo, un 32% por incrementar la protección de los trabajadores y casi el 20% por los despidos. También los impagos a proveedores o en impuestos copan respuestas que rondan el 20%, y casi el 30% ha cesado en su actividad, el menos temporalmente. Además, quienes han optado por el ERTE dudan mayoritariamente (54%) de que puedan mantener el empleo dentro de seis meses.
Esta respuesta enlaza con la que apunta a que casi el 62% aseguran que la plantilla de su empresa va disminuir en los próximos seis meses, en porcentajes que se concentran entre el 10% y el 50% de bajada del empleo.
Las dificultades para pagar salarios (70%), impuestos (66%), Seguridad Social (55%) y a proveedores (42%) son las preocupaciones que quitan el sueño a los empresarios. Dos tercios de ellos han tenido que recurrir a financiación externa, y, de estos, se les ha denegado al 20%, y se les ha dado menos de lo que solicitaban al 13%.
Asimismo, se detecta el temor a la morosidad en el futuro próximo, que manifiesta el 70% de las empresas, y a la pérdida de clientes, que prevé un 68%. Todo ello lleva a que más del 89% crean que si se prolonga la crisis, la supervivencia de la empresa está amenazada.
Una gran mayoría, más del 66%, valora negativamente las medidas tomadas por el Gobierno, y prácticamente el 70% se muestra contrario a la fórmula del ‘permiso retribuido’. Las únicas medidas gubernamentales que cuentan con un aprobado más o menos extendido son los avales a los créditos (55%) y la moratoria en cuotas sociales (42%).
Con estos datos, el secretario general de la CREEX, Javier Peinado, ha manifestado que la visión del empresariado extremeño responde a lo que ya se venía sosteniendo desde la organización más representativa del tejido productivo de la región, “en el sentido de que hay un temor extendido de no poder continuar con la actividad a medio plazo a no ser que se tomen medidas más contundentes y eficaces, como las exenciones y suspensiones de impuestos y cuotas sociales, y la prórroga para recupera plantillas tras los ERTE un año, en vez de seis meses”.