Nuevamente, el Gobierno de España, en una medida que podía ser positiva para paliar los problemas a los que se enfrentan empresas y autónomos, se queda a medias y desvirtúa la eficacia de su actuación. Así se valora desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) la decisión final del Consejo de Ministros de ayer sobre el aplazamiento de las declaraciones trimestrales de impuestos.
Según ha señalado Javier Peinado, secretario general de la CREEX, “era una medida necesaria, por varias razones, y también por varias razones se queda corta, vuelve a decepcionar”.
Peinado ha citado como aspecto negativo que el aplazamiento dado sea de solo un mes. “Es un plazo insuficiente, cuando el sentido común dice que el aplazamiento debería haber sido hasta julio, haciéndolo coincidir con el plazo del segundo trimestre, de manera que en ese mes se presentasen ambas declaraciones”, ha explicado.
Para este análisis, Peinado ha aludido a dos factores: “se trata, por un lado, de dar un respiro económico, en liquidez y tesorería, a empresas y autónomos, ahora que la actividad está parada o bajo mínimos, pero también hay otra cuestión muy importante: desde que se decretó el Estado de Alarma, muchos centros de trabajo están cerrados y muchos trabajadores están afectados por ERTE, así que ¿cómo pretende el Gobierno que se acceda a la documentación necesaria si el centro de trabajo está clausurado y las personas que podían llevar a cabo los trámites están temporalmente fuera de la empresa? Y para las empresas que utilizan servicios externos de gestoría para estos asuntos, todavía hay más, puesto que, aparte de recabar todos los datos, toda la documentación, tienen que hacerla llegar a esas asesorías y gestorías, ¿cómo lo hacen?”
Por estas dos razones, ha añadido el secretario general de la CREEX, lo lógico hubiera sido un aplazamiento hasta julio “donde esperemos que poco a poco habremos ido saliendo del confinamiento y las empresas tendrán ingresos, y además será más fácil la tramitación de todo el procedimiento”.
Otro aspecto negativo es que se haya limitado la posibilidad de acogerse al aplazamiento a las empresas que facturen menos de 600.000 euros anuales. “Alguien debería explicar por qué se ha puesto este límite, porque no se entiende, es una restricción que dejará a muchas pymes fuera, unas pymes que tienen los problemas que ya he citado, especialmente el de tramitar la documentación para presentar las declaraciones en tiempo y forma, no es razonable lo que se ha hecho”, ha afirmado Peinado.
Como conclusión, el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño ha comentado: “de nuevo, una medida que podía ser positiva, para ayudar con carácter general y con eficacia, se convierte en un parche con muchas limitaciones que le resta efectividad”.