El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19. Las medidas van enfocadas a la prórroga de los contratos públicos que vencen en los próximos seis meses, al establecimiento de un sistema de pagos parciales en dichos contratos, a agilizar la llegada de suministros sanitarios y a incrementar la transparencia en cuantas acciones sanitarias, económicas o de otra índole se emprendan en razón de la crisis actual.
Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) se han valorado positivamente estas medidas, tanto por lo que conllevan de seguridad y garantías a las empresas contratistas y sus trabajadores, facilitando además la tan necesaria liquidez, como por lo que suponen de activar una mayor protección de la salud de las personas y una transparencia en el enfoque e impacto de las medidas que se toman.
Javier Peinado, secretario general de la CREEX, ha señalado: “la apuesta del Gobierno de Fernández Vara por la eficiencia y la transparencia es muy positiva, especialmente en lo que afecta a la contratación pública, porque ahora estamos en una situación donde no caben trabas, formalismos, salvaguardas jurídicas y cargas burocráticas, sino donde lo que se precisa es agilidad y poner de manera urgente los recursos necesario para salvaguardar, en primer lugar, la salud de las personas, y en segundo lugar, la salud de las empresas”.
Según se ha explicado desde la Junta de Extremadura, la situación generada por la crisis sanitaria y las nuevas disposiciones aprobadas por el Gobierno de la nación derivan en dificultades para elaborar y completar expedientes de contratación. Este escenario afecta, por la acumulación de procedimientos y trámites en los próximos meses, incluso más allá del periodo que se extienda el estado de alarma, al entorno empresarial y a los propios servicios públicos.
Por ello, este decreto-ley establece tres medidas que afectan a los procedimientos de contratación de la Administración autonómica. En primer lugar, se establece la prórroga forzosa para los contratos de servicios y de suministros que venzan en los próximos seis meses, cuando a su vencimiento no se hubiera formalizado un nuevo contrato, garantizando la continuidad de los servicios que son ordinarios e imprescindibles para el funcionamiento de la Administración, evitando así consecuencias negativas para el servicio público, pero también para las empresas contratistas y sus trabajadores.
Por otro lado, se establece un sistema general de pagos parciales a cuenta sobre lo realmente ejecutado en los contratos públicos de servicio y suministros, que se correspondan recíprocamente con prestaciones parciales puestas efectivamente a disposición de la Administración, teniendo como objetivo paliar las necesidades de financiación de los proveedores que han suspendido su actividad por las medidas de confinamiento social, que, sin esta modificación, no cobrarían por sus servicios hasta la finalización de los contratos.
A su vez, mediante este decreto-ley, se arbitran todos los cauces de colaboración entre órganos de contratación regionales para atender las necesidades perentorias y puntuales de los sistemas sanitarios y sociosanitarios regionales, de tal suerte que se ponga a disposición, material y presupuestariamente, de los responsables de tales necesidades todos los recursos operativos existentes en la Administración. De este modo, todos los recursos públicos estarán de modo expreso a disposición de la salud pública de los extremeños.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado también que, diariamente, desde la Portavocía de la Junta de Extremadura se haga llegar a los grupos políticos y agentes sociales y económicos un parte diario de información con todos los datos sanitarios, económicos y de cualquier otra área, que sean relevantes, para ponerlo en su conocimiento en aras de una mayor transparencia, diálogo, entendimiento y unidad de acción.
