La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha mostrado su profundo malestar con las últimas disposiciones del Gobierno de España referidas a exigencias a las empresas enmarcadas en la crisis del coronavirus, y ha exigido al Ejecutivo nacional que demuestre “lealtad”, en vez de extender sospechas infundadas sobre el colectivo empresarial “que quiebran la mutua confianza que debe existir en las relaciones”.
Javier Peinado, secretario general de la CREEX, ha recordado al Gobierno español que los empresarios “no somos el enemigo, somos colaboradores necesarios para la recuperación que estamos realizando un gran esfuerzo en una situación muy difícil, sobre todo para pymes, microempresas y autónomos, y no merecemos que se nos apunte y criminalice como se está haciendo”.
Peinado se ha referido al decreto del pasado sábado prohibiendo los despidos por causas objetivas como uno de los ejemplos. “Es una gran deslealtad, se nos presupone mala fe y se nos pone en la diana de la sociedad, cuando un despido por causa objetiva cuenta con todas las garantías legales, y lo que se transmite a la sociedad es que el empresario ‘va a abusar’, un intolerable juicio de intenciones que ni se justifica por los hechos ni se ajusta a una modalidad que, como digo, tiene que contar con la autorización y la garantía que marcan nuestras normas laborales”.
Asimismo, el secretario general de la CREEX se ha referido a lo recogido en el mismo decreto sobre obligación del empresario de tramitar las prestaciones de los trabajadores cuando se realice un ERTE. “Se nos imponen cargas administrativas, que por otro lado ya habíamos asumido por solidaridad, porque las empresas ya estábamos gestionando las prestaciones para evitar que los trabajadores colapsasen los servicios públicos de empleo, y además porque sabemos que muchos no tienen las herramientas informáticas adecuadas y se iban a ver obligados a acudir a las oficinas, lo que supone un riesgo para su salud”, ha declarado, para añadir: “eso, que teníamos asumido como gesto de buena voluntad, ahora se nos transmite como obligación bajo amenaza de sanción, tachando el incumplimiento de falta muy grave, arrojando sombras de sospecha en vez de reconocer nuestro esfuerzo; es decir, otra falta de lealtad y otra quiebra en la confianza mutua que debe presidir las relaciones entre empresas y Administración. Han sido capaces de convertir un gesto solidario en una falsa alarma, en una falsa sensación de abuso, y eso es intolerable”.
Para el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño, todas estas disposiciones son gesticulaciones que ensucian la imagen de un colectivo sin aportar nada. “Si alguien abusa, ya habrá tiempo para que rinda cuentas, porque, por fortuna, vivimos en un Estado de Derecho, que garantiza el cumplimiento de la ley, y si alguien ha pasado la raya, que se le pidan cuentas en su momento, pero ahora creo que estamos en la fase de contar con todos para tapar esta hemorragia económica que está suponiendo la crisis sanitaria”, ha asegurado.
En cuanto al futuro inmediato, Peinado ha señalado que el tejido productivo extremeño, constituido por pymes, microempresas y autónomos, y además con gran peso del sector servicios “va a sufrir mucho, ya lo está haciendo. Hay que tener en cuenta que las pérdidas de ingresos de estas semanas son irrecuperables en muchas actividades vinculadas al sector servicios, como la hostelería, gimnasios y este tipo de actividades. Son empresas además que, por tamaño, estructura y capacidad financiera, tienen poco margen, y a ello se suma la falta de sensibilidad del Gobierno en sus medidas, con acciones que poco van a solucionar”, y ha añadido: “mucho me temo que el camino que se ha tomado va a ocasionar cifras de desempleo muy negativas, porque los ERTE presentados hasta ahora no son ni la quinta parte de lo que creemos que se presentarán, y luego está la otra fase, la de recuperación de la actividad, y ahí no se está ayudando, lo que ocasionará quiebras, y eso no solo son despidos, sino pérdidas definitivas de puestos de trabajo. Da igual lo que entonces diga el Gobierno sobre despidos: si la empresa quiebra, el trabajador va a la calle, y para las arcas públicas es una doble carga: tienen que recurrir al fondo de garantía salarial y, además, pagar las prestaciones. Ese es el panorama si no se corrige el rumbo”.
