CREEX lamenta que el Gobierno se salte el diálogo social y estigmatice a los empresarios limitando el despido por causas objetivas

empleocajero

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), en sintonía con lo manifestado por CEOE y CEPYME, considera que el decreto aprobado el viernes en Consejo de Ministros donde se prohíbe el despido por causas objetivas “es una nueva muestra de cómo el Gobierno elude el diálogo social, en contra del compromiso del presidente Pedro Sánchez, y cómo se intenta estigmatizar al empresariado, en una actitud que nos parece poco leal e improvisado”.
 
Javier Peinado, secretario general de la CREEX, ha resaltado que la medida “carece de consenso alguno y es otra improvisación que, además, atenta contra la viabilidad y el poder de decisión de las empresas, ya que les impide adaptarse a las caídas de actividad que está provocando la crisis sanitaria”. Peinado se ha preguntado si alguien cree que el empresario “despide por capricho”, cuanto el objetivo de cualquier empresario es “al menos mantener, y su puede crecer, lo que supone contratar, no despedir”.

El secretario general de CREEX ha recordado que el despido por causas objetivas “es precisamente eso, por causas objetivas, no por capricho, y siempre será mejor que una empresa pueda adaptarse a la situación flexibilizando plantilla que llevarlas hasta el límite de aguante y que todos los trabajadores se vean en la calle y con la empresa quebrada, es decir, que trabajadores y empresas se queden sin nada”.

PRINCIPALES MEDIDAS
El decreto-ley del viernes contempla los siguientes puntos:

Protección del empleo
No se considerará justificado el despido por causas relacionadas con el episodio de Covid-19. Es una consecuencia de las medidas de flexibilidad que se concretan en el anterior Real Decreto-Ley 8/2020 que otorga a las empresas flexibilidad para suspender contratos temporalmente o para reducir la reducción de jornada de los mismos y que, por tanto, desautoriza la necesidad de recurrir al despido.

Tramitación y control de los ERTE
El real decreto-ley aprobado por el Ejecutivo detalla el procedimiento de reconocimiento por contribución por desempleo en una situación que se prevé limitada y acotada en el tiempo.
Se especifica cuál debe ser la documentación y cómo debe ser la comunicación por parte del empresario al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que la prestación pueda ser reconocida lo antes posible. Asimismo, se establece que la fecha de inicio de la prestación de desempleo será la del momento en que se haya producido la suspensión por fuerza mayor o la fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad, con lo que se garantiza la percepción desde el momento en que se produce la falta de actividad.
El plazo de resolución por silencio administrativo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se ha equiparado al de resolución expresa. Se implementarán los mecanismos de control para que las empresas cuyas solicitudes contengan datos falsos o incorrectos sean sancionadas conforme al ordenamiento vigente para evitar el uso fraudulento de fondos públicos.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá entre sus planes de actuación la comprobación de las causas alegadas para los ERTE. También se establece que, en caso de solicitudes con falsedades e incorrecciones, incluyendo la falta de causa o la falta de necesidad del ERTE, la empresa podrá ser sancionada y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías percibidas en concepto de prestación.
Garantizar los servicios esenciales
Las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno prevén que los centros sanitarios y de atención a mayores o dependientes mantengan su actividad independientemente de cuál sea su modelo de gestión.
De esta manera, aquellos hospitales, ambulatorios, centros de día o de mayores, residencias de titularidad pública, privada o cualquiera que sea su régimen de gestión que determinen el Ministerio de Sanidad o la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 no podrán tramitar Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Contratación temporal
No se contabilizará en el cómputo del contrato temporal el tiempo en el que la actividad de la empresa se interrumpa debido a la crisis sanitaria del Covid–19. Se garantiza, así, que los contratos temporales (como los de relevo, formativos o de interinidad) puedan alcanzar su duración máxima efectiva. De esta manera también se garantiza la capacidad de las empresas de organizar sus recursos.
Economía Social
Se facilita que las entidades cooperativas se acojan a los mecanismos de flexibilidad en el empleo para hacer frente a los efectos derivados de la emergencia sanitaria. En el caso de que las cooperativas no puedan convocar su asamblea general a través de medios telemáticos para acogerse a las fórmulas de suspensión de empleo a su disposición, se da potestad al consejo rector de las mismas para suspender los contratos de manera total o parcial según lo previsto en el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo.
Contratación pública
Se facilitará la contratación pública para hacer frente a la pandemia del Covid–19, que se tramitará por el procedimiento de urgencia. La nueva norma recoge, además, medidas para agilizar la contratación con el exterior.
VISIÓN CEOE-CEPYME
Los empresarios españoles representados por CEOE y CEPYME consideramos que las nuevas medidas en el ámbito laboral aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros extraordinario van a impedir poner las bases de la necesaria recuperación económica de España y llevarán en última instancia a un mayor nivel de desempleo.
Desde CEOE y CEPYME advertimos que, a la espera de poder conocer todos los detalles, no van en la dirección correcta, sino que, muy al contrario, serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas, aumentando considerablemente el déficit, y reducirán de forma importante la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país.
Además, cuando un gran número de empresas, especialmente pymes y autónomos, están luchando para evitar el cierre en un contexto que ya se anuncia de recesión mundial, rechazamos de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado. Creemos que precisamente en estos momentos la situación lo que requiere son esfuerzos conjuntos y unidad de acción.
Queremos dejar claro que nuestra voluntad por encima de todo, en estos momentos de crisis por el COVID-19, es sostener la economía y el empleo, y por ello, estamos empujando para evitar un parón aún mayor de la actividad empresarial, siempre priorizando, como no podía ser de otra manera, la seguridad y la salud de los ciudadanos.