El secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) ha planteado hoy a la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Junta, y a la Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, que se aclaren y faciliten los criterios para que las empresas que se vean afectadas de manera importante por la crisis del coronavirus puedan utilizar de manera rápida y eficaz el expediente suspensivo temporal de empleo para evitar verse aún más penalizadas.
Según ha explicado Peinado, en este momento existe cierta confusión respecto a cómo y en qué casos puede utilizarse este mecanismo, “y creemos fundamental un criterio claro, definido, sobre qué se va a considerar ‘causa de fuerza mayor’ y cuál será el procedimiento a seguir, un procedimiento que ha de ser ágil y seguro, dadas las circunstancias excepcionales en que nos encontramos”.
El secretario general de la CREEX ha señalado que esta situación sobrevenida ya está golpeando de distintas maneras a las empresas “sea por falta de suministros, por cierre de mercados de destino, por caída de actividad especialmente en sectores como la hostelería y el turismo, o por retracción de la demanda”, y ha agregado: “en el caso del tejido empresarial extremeño, formado por pymes y microempresas, la situación es especialmente grave, ya que estas empresas carecen de la capacidad económica de las grandes corporaciones para capear el temporal, y si no se facilita que puedan flexibilizar el empleo de manera rápida podemos encontrarnos ante una cascada de cierres y despidos”.
COMUNICADO CEOE-CEPYME Y SINDICATOS
Lo reclamado por Peinado va en la misma línea del comunicado conjunto suscrito por CEOE, CEPYME, UGT y CCOO, donde se indica, textualmente:
El creciente impacto del coronavirus que empresas y personas trabajadoras están sufriendo por igual, en tanto que se trata de un grave problema de salud pública, hace necesaria la adopción urgente de medidas extraordinarias para cubrir las posibles situaciones y contingencias derivadas que encuentran una respuesta insuficiente en la actual normativa laboral y de seguridad social. Por ello, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT han presentado al Gobierno un documento con medidas extraordinarias para hacer frente a la situación.
En estos momentos se requieren recursos extraordinarios que permitan la mayor indemnidad posible para las personas trabajadoras y las empresas con el fin de proteger el empleo y la actividad económica. Estos fondos adicionales no deben computarse a efectos de determinar la senda de cumplimiento del déficit público que se deriva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento aprobados en las Cortes a través del techo de gasto para 2020 y 2021.
De esta manera las distintas medidas que planteen y que tengan impacto en las cuentas de Seguridad Social, podrán contar con la gestión y anticipo de fondos de la propia Seguridad Social, pero deberán compensarse con un fondo de ayuda extraordinaria.
Con el objetivo último de evitar situaciones irreversibles para las empresas y el empleo y que se garantice una protección adecuada a las personas trabajadoras, el acuerdo alcanzado por CEOE y CEPYME y CCOO y UGT insta al Gobierno a aprobar un Real Decreto-Ley de medias de carácter temporal y excepcional que, en todo caso, deben negociarse con las organizaciones sindicales y empresariales.
En primer lugar, empresarios y sindicatos abordan una nueva regulación de los ERTEs incidiendo, de manera muy particular, en la causalidad vinculada a los efectos de coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución dentro de la necesaria seguridad jurídica.
Así, las medidas aportadas por las Administraciones por motivo de salud pública, entre otras, el cierre de centros y la cancelación de actividades, las restricciones a la movilidad de las personas o mercancías, el aislamiento para evitar el contagio o la carencia de suministros, entre otros, podrán justificar los ERTE por fuerza mayor.
Otras medidas propuestas son la protección de los trabajadores fijos discontinuos; atender el cierre de centros escolares, centros de día y las restricciones de movilidad; y facilitar el teletrabajo entendiendo cumplida con carácter excepcional la obligación de las empresas de evaluar los riesgos con la autoevaluación realizada voluntariamente por el propio trabajador.
Las organizaciones han trasladado este acuerdo al Gobierno con el objeto de que estas medidas extraordinarias sean negociadas por las partes en la mesa de diálogo social correspondiente en aras de una pronta respuesta a la actual situación de urgencia.
MEDIDAS SANITARIAS
Por lo que se refiere a las medidas preventivas de corte sanitario dictaminadas hoy por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el dirigente de la organización más representativa del empresariado extremeño las ha considerado “lógicas y razonables, dada la situación de contención en la que nos encontramos”.
Javier Peinado ha instado a que se sigan estas recomendaciones por parte de todas las personas “porque son las autoridades sanitarias las que mejor pueden marcar cómo se actúa para tratar de frenar los contagios y lo primero, lo fundamental, es la salud de las personas”.
En este sentido, ha reiterado que el servicio de prevención Preveex, dependiente de CREEX, continúa con su labor de apoyo en esta crisis sanitaria “trasladando todas las recomendaciones, cautelas e información a las empresas, para que sepan cómo hay que actuar y apliquen las medidas preventivas suficientes”.