El nuevo Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes, que identifica a la Inspección como la institución pública para la garantía de la calidad del empleo, contribuirá a asegurar los derechos de los trabajadores y hacer frente a la competencia desleal de las empresas incumplidoras, según se recoge en el documento del Ministerio de Empleo y seguridad Social.
Asimismo, la nueva estrategia contribuirá a la sostenibilidad de las cuentas públicas, asegurando la recaudación y que las prestaciones sociales las reciben aquellos a los que les corresponde.
El Plan Estratégico 2018-2020, que se enmarca en la Agenda integral para la calidad del empleo del Gobierno, se estructura en 4 ejes –organización, calidad en el servicio, eficacia en la actuación y asistencia y mediación- y fija 12 objetivos y 100 líneas de actuación para los próximos años.
Además, incluye un Informe de evaluación de las actuaciones de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social en el periodo 2012-2017 y un cuadro de seguimiento de las actuaciones previstas.
Entre los objetivos del plan, se incluyen mejoras organizativas y de transparencia, el desarrollo de normas regulatorias y la colaboración con otras instituciones, dotar al personal de nuevas competencias profesionales y de formación, reforzar los sistemas de información y los procesos de trabajo, asegurar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad laboral y la puesta en marcha de un Plan integral de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, entre otras líneas de actuación.
Por otro lado, el BOE publicó el pasado 7 de abril el Real Decreto por el que se aprueban los estatutos del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Se trata de una norma que desarrolla la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobada durante la pasada legislatura con un elevado nivel de consenso parlamentario y con las Comunidades Autónomas.
La piedra angular del nuevo modelo organizativo de la Inspección de Trabajo establecido por dicha Ley era la transformación de la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un Organismo Autónomo de nueva creación, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos han sido aprobados por este Real Decreto.
La creación del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social permite configurar a ésta como un servicio común a la Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas, que presta servicios a cada una de las administraciones en función de las materias sociolaborales de su competencia. El nuevo organismo permitirá una mayor implicación en la Inspección de Trabajo de las Comunidades Autónomas –forman parte de su Consejo Rector- y de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.
El Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social será además el encargado del despliegue y de la completa ejecución del Plan Estratégico 2018-2020.
El Organismo integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unos 3000 empleados públicos entre Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo. Asimismo, estará desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, en todas las provincias españolas, y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Dentro del Organismo se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que permitirá una colaboración institucional más intensa con las comunidades autónomas y con otros organismos implicados (Agencia Estatal de Administración Tributaria, Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, Fiscalía General del Estado, Juzgados y Tribunales).
Además, la Oficina Nacional será el organismo español de enlace con la Plataforma Europea contra el trabajo no declarado en el ámbito de la Unión Europea que ha entrado en funcionamiento en mayo de 2016.
Para la elaboración del Plan y los Estatutos se ha contado con la participación de las comunidades autónomas. Asimismo, el texto se ha presentado a los interlocutores sociales, y se ha debatido en la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
La aprobación del Plan Estratégico y la entrada en funcionamiento del nuevo Organismo permitirán hacer de la Inspección de Trabajo una estructura administrativa mejor organizada, relacionada de una forma más directa con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales y, sobre todo, más capacitada para ofrecer un servicio público de calidad a las empresas y a los trabajadores.
