El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura, del que forma parte la CREEX, se reunió el pasado viernes para tratar el Anteproyecto de Ley por la que se Modifica la Ley 14/2010, de 9 de Diciembre, de Caza de Extremadura y la Ley 18/2001, de 14 de Diciembre, sobre tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La caza es un sector importante para la economía regional, ya que mueve alrededor de 400 millones de euros anuales. Por este motivo, se van a introducir importantes modificaciones en el reglamento con el objetivo de beneficiar al sector y aficionados que practican este deporte.
La Exposiciónde Motivos que precede al texto normativo viene a justificar la finalidad de estas modificaciones al recoger que las alteraciones, supresiones y ampliaciones que se establecen responden con carácter general a la necesidad de actualizar y aclarar preceptos indicando que: “Estos casi dos años de aplicación de la ley de caza han puesto de manifiesto las carencias que adolece, carencias que únicamente se aprecian con la práctica diaria administrativa en la tramitación de los procedimientos que regula. Las lagunas surgidas de su aplicación e incluso la complicada puesta en práctica en algunos casos hacen necesaria un modificación de la ley”
Estas alteraciones justifican la afección a la normativa establecida sobre los terrenos que se segreguen de los terrenos cinegéticos bajo gestión pública, sobre el régimen sancionador mejor delimitado y adaptado a la realidad, sobre el régimen de los cotos, concreta y limita el régimen de la tenencia en cautividad de especies de caza, indicando asimismo que se modifican determinados artículos para aclarar su sentido y despejar dudas interpretativas.
El Anteproyecto modifica 23 artículos (de los 92 que tiene la Ley) y una Disposición Transitoria de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Caza de Extremadura y altera 21 Tasas de la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios públicos.
El Consejo Económico y Social de Extremadura es un órgano consultivo del Gobierno autonómico en materia económica y social, del que forman parte sindicatos, empresarios y representantes de la sociedad civil.