La Comisión Europea inició la semana pasada una consulta pública sobre un enfoque europeo de la quiebra y la insolvencia de las empresas, centrado en ayudar a que las empresas sanas sobrevivan y a que los empresarios honrados tengan una segunda oportunidad, al tiempo que se protege el derecho de los acreedores a recuperar su dinero. Los procedimientos deben ser rápidos y eficaces en interés de deudores y acreedores, y contribuir a proteger el empleo, ayudar a los proveedores a mantener su clientela y a los propietarios a conservar el valor de sus empresas viables. Las diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de insolvencia pueden crear inseguridad jurídica y un entorno empresarial hostil. Las cuestiones clave son el plazo de extinción de la deuda, las condiciones de apertura de un procedimiento, la interposición de acciones y las normas relativas a los planes de reestructuración, que pueden incidir negativamente en las inversiones transfronterizas. La consulta lanzada recabará las opiniones de los interesados sobre la mejor forma de atajar estos problemas.
«Europa necesita una cultura de rescate y recuperación de personas y empresas viables en dificultades financieras», ha declarado la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE. «Los propietarios de empresas que sean personas íntegras deben tener una segunda oportunidad, de modo que su insolvencia no se convierta en una sentencia de por vida si algo sale mal. Las PYME, que son la columna vertebral de nuestra economía, son especialmente importantes. Confío en la participación activa de todos los interesados en esta consulta, de modo que podamos recabar las mejores ideas sobre cómo responder al desafío de la insolvencia de las empresas.»
La modernización propuesta del Reglamento sobre insolvencia de la UE, que data del año 2000, es un primer paso fundamental para acercar la legislación en materia de insolvencia de la UE al siglo XXI. Al mismo tiempo, es evidente que una revisión del Reglamento por sí solo no puede abordar problemas subyacentes de las insolvencias transfronterizas, como son las diferencias, a veces marcadas, entre las legislaciones nacionales en la materia. De ahí que la Comunicación adoptada por la Comisión en paralelo a la propuesta de Reglamento sobre insolvencia de diciembre de 2012 iniciara un proceso de reflexión sobre un nuevo enfoque de la UE respecto a la quiebra de las empresas, a la luz de las divergencias entre las normativas nacionales sobre insolvencia, del cual la consulta iniciada hoy es continuación.
Una de las cuestiones planteadas en la consulta es la necesidad de armonizar el «plazo de liquidación» (el tiempo necesario para cerrar una empresa en situación de quiebra), que suele considerarse vital para volver a poner en marcha una empresa. Actualmente, el tiempo necesario para cerrar una empresa en situación de quiebra varía notablemente dentro de la UE, desde los cuatro meses de Irlanda a los más de seis años de la República Checa, y en algunos países los empresarios en quiebra no puede obtener el levantamiento en absoluto.
La consulta también aborda las normas que regulan el ejercicio de la profesión de los liquidadores. También se pregunta a los interesados si las normas vigentes sobre las obligaciones y responsabilidades de los directores en caso de insolvencia generan problemas en la práctica y si deben introducirse normas a escala de la UE para garantizar que los gestores fraudulentos que hayan sido inhabilitados en un país se vean imposibilitados de gestionar una empresa en otro país. Por último, se consulta sobre si la inseguridad jurídica causada por las distintas condiciones que rigen la anulación ante los tribunales nacionales de los actos de deudores insolventes que perjudiquen a sus acreedores ha creado problemas en la práctica.
La consulta está abierta hasta el 11 de octubre de 2013 y puede consultarse en la dirección siguiente:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo