CEOE, organización a la que pertenece la CREEX, está pendiente de la información detallada que se conocerá con la presentación de los presupuestos al Parlamento, mañana martes, día 4 de agosto. No obstante, una primera valoración del PGE-2016 es la que sigue a continuación. CEOE reitera su valoración positiva del compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los objetivos de déficit público. La reducción del déficit público es una prioridad ante la necesidad de contener el crecimiento de la deuda pública, no sólo por el peso que tiene la carga financiera en el gasto público, sino porque hace a la economía española más vulnerable ante episodios de incertidumbre en los mercados financieros. Por lo tanto, es primordial avanzar en la senda de consolidación fiscal.
Los PGE-2016 se basan en un entorno macroeconómico de crecimiento del PIB del 3,0% en 2016, que si bien está algo por encima de la media del consenso de analistas, puede ser factible, siempre y cuando no se produzcan cambios relevantes en los factores, tanto externos como internos, que han contribuido al proceso de recuperación de la economía española en los dos últimos años. También resultan coherentes las perspectivas del mercado laboral para 2016, con una creación de empleo del 3% en términos de contabilidad nacional. En este sentido, sería oportuno aprovechar esta recuperación más intensa de lo esperado para acelerar el proceso de consolidación fiscal.
En cuanto al apartado de ingresos, se prevé un aumento del 4% sobre los previstos en el PGE-2015, cifra de aumento que parece razonable, incluso teniendo en cuenta el efecto de la reforma fiscal en la recaudación, fundamentalmente, del IRPF. De hecho, la recaudación prevista para 2016 se asemeja mucho a la cifra real que se podría obtener en 2015 según avanzan los resultados de recaudación a junio publicados por la Agencia Tributaria.
Este nivel de recaudación se acerca, excepto para el Impuesto sobre Sociedades, al obtenido en 2007, antes del inicio de la crisis. La obtención de una recaudación similar con niveles inferiores de actividad económica y empleo se ha conseguido mediante un incremento significativo de la presión fiscal y es prueba del enorme esfuerzo que los contribuyentes han tenido que realizar. En este sentido, las mejores cifras de recaudación deben ser aprovechadas para acometer adicionales bajadas de impuestos que afecten fundamentalmente al sector empresarial y favorezcan la inversión y creación de empleo, fortaleciendo y acelerando la recuperación económica y permitiendo, a medio plazo, la recuperación de bases imponibles.
Es de destacar también que la lucha contra el fraude fiscal supone una partida de ingresos significativa cuyo importe aumenta anualmente en unos mil millones de euros. Compartimos la necesidad de luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida, superior en nuestro país a la media de la UE, para que el sistema tributario sea más justo, distribuya la presión fiscal de manera más equitativa y contribuya a reducir el déficit presupuestario sin incrementar la presión fiscal.
Sin embargo, la lucha contra el fraude y la economía sumergida debe basarse en medidas de concienciación e incentivos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las actuaciones de comprobación e inspección, necesarias como complemento a las medidas anteriores, y la aplicación de un sistema sancionador bien diseñado que castigue al quien incumpla, deben realizarse con agilidad e inmediatez, pero en ningún caso deberían destinarse a revisar, de manera genérica, y con argumentos técnicamente discutibles, beneficios fiscales que han sido fundamentales a la hora de tomar decisiones de inversión en el pasado y que han contribuido a la extraordinaria expansión internacional de nuestras empresas.
En cuanto a la vertiente del gasto, en la presentación del PGE-2016 se ha anunciado un descenso del techo del gasto no financiero del Estado de un -4,4%. Parte de la contención del gasto viene explicada, de nuevo, por una menor carga de los intereses y por un ahorro de prestaciones de desempleo debido a la mejora del mercado laboral. Este menor gasto público para 2016 se ve compensado, en parte, por el aumento de las partidas de remuneración de asalariados (debido al incremento del 1% de los salarios del personal del sector público) y de las transferencias a las CC.AA., que crecen en 7.462 millones de euros, un 8,7% más que en 2015.
Por lo tanto, se deja escaso margen para incrementar la dotación de las partidas ligadas a la actividad empresarial, como el gasto para I+D, gasto en inversión e internacionalización de la economía española. Por ello, y a esperas de un análisis más detallado, en el PGE-2016 no se van a priorizar aquellas políticas que contribuyen a sentar las bases para una economía más productiva y competitiva.
Por último, a la espera de conocer el dato específico sobre cotizaciones sociales empresariales y como asunto capital, CEOE espera no solo que no aumenten, sino que se reduzcan de acuerdo con el compromiso, adquirido en 2012, de bajarlas un punto en 2013 y otro adicional en 2014.